Los sindicatos CC.OO. y UGT han vuelto a pedir estabilidad y han anunciado que promoverán una proposición de ley entre todos los grupos para que las pensiones puedan subir con arreglo al IPC en enero de 2020, al tiempo que han advertido de que si viene una nueva crisis y no se toman medidas, la Seguridad Social podría quedar en una situación «terminal». Mientras, las principales asociaciones de jubilados han anunciado que están estudiando «unir fuerzas» con la creación de una plataforma que «dé miedo» para que se atengan sus reivindicaciones.

Así lo han señalado distintos representantes sindicales y de las principales asociaciones de jubilados durante su intervención en un encuentro sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones organizado por la agencia Servimedia.

La secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, ha mostrado su «preocupación» sobre la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC, ya que sigue operando el índice de revalorización del 0,25% que supone una «mínima o mayor pérdida de poder adquisitivo».

Barrera ha reclamado la revalorización conforme al IPC, si bien ha reconocido que el Gobierno en funciones no puede hacer «ningún tipo de reforma o medida para poder llevar a cabo esa subida», por lo que ha avanzado que desde UGT y CC.OO. están promoviendo la implicación de todos los grupos en un «consenso» para que a través de una proposición de ley en enero de 2020 puedan subir las pensiones con el IPC, de manera adicional a lo que marca la ley.

En este sentido, el secretario confederal de Políticas Públicas y Protección social de CC.OO., Carlos Bravo, ha defendido que si no se mantiene el poder adquisitivo ni se garantiza dicha revalorización, se estaría rompiendo un elemento «esencial» del sistema de pensiones, como es la contributividad, y ha remarcado que la decisión de sacar el déficit de la Seguridad Social y desviarlo al Estado, tal y como propone la AIReF, es una «decisión política».

«Cuando uno lo que defiende es que el sistema de SS se financia con cotizaciones, con impuestos, lo que está diciendo es que cuando hay un déficit, el déficit es del Estado, y si es del Estado, habrá que discutir sobre si la estructura de ingresos del Estado es suficiente para atender las necesidades», ha indicado.

En esta línea, Barrera (UGT) considera que el déficit de 18.000 millones de euros que presenta la Seguridad Social se debe a que el sistema «no ingresa lo que tiene que ingresar y sin embargo paga lo que no tiene que pagar», por lo que ha coincidido en la necesidad de una «reestructuración» de las cuentas del sistema, y se actúe, entre otros, sobre las subvenciones de las políticas activas de empleo, las subvenciones a las empresas o las inversiones y amortizaciones de la Seguridad Social.

Otra de sus propuestas pasa por la cotización de los robots al sistema, ya que hay empresas con «poco capital humano pero muchos ingresos», frente a otras con «mucho capital humano y menos ingresos».

La representante sindical ha exigido que los políticos se marquen como objetivo acabar con el déficit de la Seguridad Social en un periodo corto de «dos o tres años», ya que «si vienen vientos de crisis y otra destrucción de empleo pondrían a la Seguridad Social en una situación absolutamente terminal».

A pesar de ello, Bravo (CC.OO.) ha afirmado que «las pensiones tienen futuro», pero hay que actuar ante unas necesidades crecientes que suponen ya 10 millones de pensionistas y un importe de en torno a 10.600 millones de euros, por lo que ha remarcado la necesidad de recursos adicionales y de actuar la situación de varios colectivos de trabajadores.

De esta forma, ha abogado por lograr una aportación «más adecuada» del mercado de trabajo y del sistema tributario, ya que entre 4 y 5 millones de cotizantes no cotizan por sus ingresos reales, como el caso de 1,2 millones de cotizantes de bases máximas, 3,2 millones de autónomos y sectores en los que falta actuación ante la «enorme» economía sumergida, como en el caso de 700.000 personas de empleo doméstico.

El representante de CC.OO. también ha hecho hincapié en evitar un problema de legitimidad que podría producirse si los criterios para percibir pensiones en la actualidad no se equiparan con los del futuro.

«CUALQUIER PROYECCIÓN ES INSOSTENIBLE»

De su lado, el profesor de Economía de la UAH, José Carlos Díez, ha avisado de que «cualquier proyección» sobre las pensiones es «insostenible», ya que el sistema es «extremadamente generoso» y el gasto sobre PIB se ha elevado al 11%, en un contexto además de envejecimiento poblacional. Por ello, ha augurado que «van a venir recortes» y ante la necesidad de recursos adicionales cree que si se suben impuestos es «muy probable» que se incremente el IVA.

Como soluciones ha planteado que se cumpla la edad efectiva de jubilación de 67 años, frente a las prejubilaciones; alargar el cálculo de pensión a toda la vida laboral, lo que rebajaría la pensión media; proteger las pensiones mínimas; aumentar la capacidad de presión fiscal, con un reparto «más justo» de la carga tributaria y con un mayor «esfuerzo» sobre la economía sumergida y realizar otro «esfuerzo enorme» en materia de innovación y tecnología.

En todo caso, por el momento ha dudado de las posibilidades económicas de subir las pensiones con el IPC, especialmente a aquellos con una pensión superior a los 1.500 euros.

LOS MAYORES ESTUDIAN «UNIR FUERZAS» EN UNA PLATAFORMA

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (Ceoma), Juan Manuel Martínez, ha defendido que el asunto de las pensiones «es un problema de derecho» y ha reclamado la revalorización conforme al IPC, así como que se establezca por ley que «no se puede tocar por ningún partido político».

Para Martínez, parte de la «solución» pasaría por atajar el exceso de gasto, y ha recordado la importancia del consumo de los mayores y de abordar la economía sumergida, al tiempo que se ha mostrado «totalmente en contra» de las prejubilaciones.

Por último, la presidenta de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP), Paca Tricio, ha advertido que el «problema» de las pensiones recaerá sobre las generaciones futuras, ya que los jóvenes tienen «poco sueldo y poco tiempo» de cotización, por lo que ha exigido soluciones a través del Pacto de Toledo y a través del Estado.

«El Estado tiene que proveer de recursos suficientes, no puede continuar la indefensión del mayor», ha apostillado Tricio, quien ha criticado el «mal gasto» y la falta de equidad, lo que conduce a que haya una «cabeza de turco» llamada «mayores y pensiones».

De esta forma, Martínez (Ceoma) ha avanzado que las asociaciones de mayores y jubilados abogan por juntarse porque «la unión hace la fuerza», a lo que Tricio (UDP) ha anunciado que se va a crear una plataforma de mayores que «dé miedo».