La presidenta de Aelec, Marina Serrano, ha advertido de la necesidad de que las condiciones regulatorias que se fijen ahora por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para el periodo regulatorio 2020-2025 sean «efectivas» para los próximos seis años, y «no puedan poner en peligro» las inversiones de unos 30.000 millones de euros de las distribuidoras para alcanzar los objetivos a 2030.

En el marco de la jornada ‘Nuevo entorno para las redes de futuro’, Serrano aseguró que es necesario que se incentive la inversión en redes eléctricas «de manera clara» durante los próximos seis años para abordar con éxito esos objetivos.

Así, afirmó que en un entorno de cambio tecnológico como el que se está afrontando es «indispensable» contar con un marco regulatorio «adecuado, que sea estable y predecible», así como con una seguridad jurídica, para agilizar ese esfuerzo inversor.

A este respecto, estimó que las inversiones en redes de distribución eléctrica actuales de unos 5.000 millones de euros en los últimos tres años deberán elevarse hasta esos casi 30.000 millones de euros en la próxima década, lo que representa en torno al 2,5% del PIB español.

«Todas estas inversiones, principalmente en redes de baja tensión, arrojarán beneficios para el consumidor, con precios más asequibles, y para la sociedad, al posibilitar la creación de empleo contribuir al cumplimiento de los objetivos medioambientales», dijo.

QUE LA CNMC TENGA EN CUENTA ALEGACIONES

De esta manera, la presidenta de la patronal de las ‘grandes eléctricas’ mostró su confianza en que en el proceso en que se encuentran las circulares de la CNMC, que marcarán el entorno regulatorio para el sector eléctrico para los próximos años, se tengan en cuenta las alegaciones de los agentes con el objeto de mejorar la propuesta inicial.

«Si conseguimos una regulación capaz de incentivar las inversiones, entre ellas las de digitalización, que precisan las redes en el próximo periodo regulatorio, con una visibilidad clara de la necesidad de las mismas y con una rentabilidad razonable, habremos dado un importante paso en la confirmación de que el papel que le toca jugar a la distribución en la próxima década es una de las claves para avanzar en la transformación energética del país», subrayó.

Asimismo, Serrano consideró que el plazo, con el 1 de enero como horizonte para la entrada en vigor del nuevo marco regulatorio de la CNMC, «es corto» para «una regulación tan importante», aunque indicó que Aelec no pide ampliar los plazos. «El Real Decreto-ley ha dado un plazo y el regulador quiere cumplirlo como es lógico», dijo en declaraciones a la prensa.

GARAMENDI PIDE UNA REGULACIÓN «PREDECIBLE Y SEGURIDAD JURÍDICA»

Por su parte, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, destacó la importancia de las redes eléctricas en la transición energética y pidió una regulación para el sector que sea «predecible, estable y tenga seguridad jurídica».

Garamendi subrayó «la neutralidad» de la CEOE en lo que respecta a las circulares de la CNMC, pero afirmó que esa estabilidad en la regulación es necesaria para dar señales a los inversores. «Para que alguien quiera invertir esos millones tiene que tener alguna seguridad. Estamos en esa onda», dijo.

Además, el presidente de la patronal de empresarios consideró también prioritario que «los costes políticos» se saquen de la tarifa, ya que encarecen el recibo energético.

KPMG VE FUNDAMENTAL QUE EXISTA INTERLOCUCIÓN

Por su parte, Carlos Solé, socio Economics & Regulation de KPMG España, consideró «fundamental» que en este proceso de nuevo gobernanza abierto con el traspaso de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) exista un «sistema de interlocución» entre el regulador y los regulados (las empresas) «para construir los cimientos» de la regulación y avanzar con éxito en este proceso de transición ecológica.

Así, estimó que las empresas deben «recibir las señales adecuadas para hacer las inversiones necesarias», encontrando así el «atractivo» para colaborar en alcanzar los objetivos de un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno, que prevé unas inversiones totales de 236.000 millones de euros hasta 2030, de los cuales 42.000 millones de euros serán en redes y electrificación.