APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL (Septiembre 2020)

SEPTIEMBRE 2020 APUNTES SOBRE LA ACTUALIDAD FISCAL

 

SUMARIO

  1. RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y CONSEJEROS

La previsión incluida en el artículo 15.e) de la LIS facilita la deducibilidad de las retribuciones salariales que, en su caso, puedan percibir los administradores o consejeros de una entidad por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral ordinario con la entidad.

  1. APROVECHAMIENTO DE LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha entendido que el período de comprobación de bases negativas, de diez años, opera también a favor del contribuyente.

  1. EXENCIÓN EN AJD DE LAS ESCRITURAS DE FORMALIZACIÓN DE LAS MORATORIAS HIPOTECARIAS PARA EL SECTOR TURÍSTICO

El Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio (BOE de 6 de julio y en vigor el 7 de julio), de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, regula en su Capítulo II relativo a otras medidas de apoyo a la reactivación económica, una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística.

  1. EL TRIBUNAL SUPREMO RECHAZA QUE LA INSPECCIÓN APLIQUE EL CRITERIO DE LA INSCRIPCIÓN CONTABLE A LOS INGRESOS (ANTICIPADOS) Y EL DEL DEVENGO A LOS GASTOS (CONTABILIZADOS CORRECTAMENTE)

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 17 de junio de 2020, recurso n.º 3687/2017 rechaza que se utilicen criterios distintos en la forma de imputar ingresos y gastos cuando corresponden a un periodo distinto al del devengo.

  1. EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA EL ARTÍCULO QUE REGULA LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A HACIENDA SOBRE LA CESIÓN DE USO DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

La Sala aplica la sentencia del caso ‘Airbnb Ireland’ del TJUE e invalida la disposición española por no haber sido notificada su tramitación a la Comisión Europea.

  1. CONSULTAS PUBLICADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS CON RELACIÓN AL COVID 19

La Dirección General de Tributos ha publicado una serie de consultas relacionadas con el COVID 19 de las que hemos efectuado una selección.

  1. MEDIDAS FISCALES QUE SE CONTEMPLAN EN EL REAL DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES A LAS ENTIDADES PARA COMBATIR LOS EFECTOS DEL COVID-19

Se establecen medidas fiscales que atañen al IVA a tipo cero en las entregas de material sanitario, al Régimen fiscal aplicable a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» y a la exención en AJD de las escrituras de formalización de las moratorias hipotecarias para el sector turístico y para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.

  1. POSPOSICIÓN DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DIVERSAS MEDIDAS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO RELACIONADAS CON EL COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO

Como consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19, se pospone la entrada en vigor de diversas medidas relacionadas con el comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores.

 

1. RETRIBUCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES Y CONSEJEROS

La previsión incluida en el artículo 15.e) de la LIS facilita la deducibilidad de las retribuciones salariales que, en su caso, puedan percibir los administradores o consejeros de una entidad por el desempeño de funcionesde alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral ordinario con la entidad. (Hasta ese momento, a raíz de la llamada “doctrina del vínculo” –de acuerdo con la cual la relación jurídica de un consejero o administrador con su entidad es sólo mercantil, aunque también asuma funciones ejecutivas de alta dirección, de manera que la relación laboral de alta dirección es absorbida por la primera-, la Administración tributaria había venido rechazando, de manera muy discutible, la deducción de la componente de la retribución del administrador o consejero satisfecha como salario, cuando no hay previsión estatutaria específica).

Se trata de una modificación muy positiva en la medida en que, a efectos de la deducibilidad del gasto en el Impuesto sobre Sociedades,se distinguen las funciones directivas añadidas que, en su caso, pueden realizar los administradores, de las propias del cargo de administrador, y se da a las primeras un tratamiento fiscal diferenciado, sin hacerlas depender de la previsión estatutaria específica y del acuerdo de junta sí requeridos para la retribución del cargo de administrador. Desde que se aprobó la nueva LIS la DGT ha venido interpretando en esta línea la previsión a la que nos referimos, considerando deducibles las retribuciones que percibe el administrador único de una sociedad por el ejercicio de funciones de alta dirección distintas a las correspondientes al cargo de administrador, aun cuando dicho cargo sea gratuito según los estatutos (CV 3104-16, de 5 de julio).

En cualquier caso, y dada la redacción del apartado f) inmediato siguiente del mismo artículo 15 LIS, que establece la no deducibilidad de “los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico”,resulta recomendable cumplir con todas las prescripciones mercantiles en materia de retribución a los administradores -artículos 217 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, así como el artículo 249 para el caso de consejeros con funciones ejecutivas-, también respecto de las funciones ejecutivas, para evitar interpretaciones alternativas desde la Administración Tributaria. Ésta, sin embargo, entendemos, que quedaría constreñida para realizar tales interpretaciones por diversas resoluciones de la DGT, en sentido favorable al contribuyente.

En esa línea, debe recordarse lo dispuesto por el Tribunal Supremo en su sentencia de 26 de febrero de 2018. En dicha sentencia, que se refiere a una sociedad no cotizada y que además no fija doctrina, el Alto Tribunal establece la necesidad de que las retribuciones a los consejeros por las funciones ejecutivas que realicen en virtud de cualquier título cumplan los requisitos de reserva estatutaria y aprobación en junta general establecidos en el artículo 217 de la Ley de Sociedades de Capital, además de encontrarse formalizadas en el contrato regulado en el artículo 249 de la misma Ley.

Esta Sentencia suscitó un gran revuelo entre los profesionales de la esfera mercantil, de forma que no tardaron en llegar algunas resoluciones de la Dirección General de Registros y del Notariado, de los meses de octubre y noviembre de 2018 interpretando lo señalado por el Tribunal Supremo.

 

2. APROVECHAMIENTO DE LA COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Analizamos seguidamente el tratamiento de las bases imponibles negativas y su posible aprovechamiento haciendo un repaso a la normativa que le es aplicable y a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional y al criterio del TEAC.

En relación con la compensación de bases imponibles negativas (BINS), recordamos que, en general, opera el límite del 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la propia compensación de la base imponible negativa, con una tolerancia mínima de hasta un millón de euros. Sin embargo, las entidades cuyo importe neto anual de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros no pueden minorar su base positiva en más del 50% de ésta; si aquel importe es al menos de 60 millones de euros, el porcentaje limitativo es del 25%. Entre otras reglas especiales añadidas que se comentan en este apartado de los Apuntes, la limitación no resulta de aplicación en el importe de las rentas positivas correspondientes a quitas o esperas consecuencia de un acuerdo con los acreedores del contribuyente.

Una reciente sentencia de la Audiencia Nacional ha entendido que el período de comprobación de bases negativas, de diez años, opera también a favor del contribuyente.

Y recordamos, por otra parte, el criterio del TEAC según el cual la compensación de BINS constituye una opción del contribuyente con arreglo al artículo 119.3 de la Ley General Tributaria, que se ejercita con la presentación en plazo de la declaración.

Restricciones a la compensación de bases negativas
La Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades (IS en adelante) establece en su artículo 26 un límite a la compensación de bases imponibles negativas (BINS en adelante), del 70% de la base imponible previa a la aplicación de la reserva de capitalización y a la propia compensación de la base imponible negativa, si bien en todo caso hay un límite mínimo de compensación de un millón de euros< -este límite se prorratea a la baja si el período impositivo tiene duración inferior a un año-.

Siendo esa la regla general, el Real Decreto-ley 3/2016 estableció límites más exigentes de compensación ya desde 2016, de manera que también para 2020 las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones de euros durante los 12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el período impositivo, no podrán minorar su base positiva en más del 50% de ésta; si aquel importe neto es al menos de 60 millones de euros, el porcentaje limitativo es del . También en estos casos cabe compensar bases negativas por un mínimo de hasta un millón de euros por período impositivo.

La limitación a la compensación no resulta de aplicación en el importe de las rentas positivas correspondientes a quitas o esperas consecuencia de un acuerdo con los acreedores del contribuyente; en tal caso las BINS objeto de compensación no consumen límite del millón de euros. Tampoco se aplican límites en el período impositivo en que pueda producirse la extinción de la entidad, salvo que sea consecuencia de una operación de reestructuración empresarial en régimen fiscal especial; si la extinción viene precedida de la liquidación concursal de la entidad, el límite de compensación de BINS tampoco opera en el período impositivo correspondiente a la liquidación, aunque sea distinto (anterior) al de extinción formal (resoluciones de la DGT V3158 -15, de 20 de octubre, y V2466-16, de 7 de junio). Asimismo, el límite no se aplica en el caso de entidades de nueva creación, en los tres primeros períodos impositivos en que se genere una base imponible positiva previa a su compensación. Finalmente, si la sociedad mantiene BINS anteriores a 2013 pendientes de compensar, y los deterioros de cartera supusieron más del 90% de los gastos deducibles en los períodos correspondientes, no se aplica límite de compensación respecto de la reversión de dichos deterioros.

Acreditación de bases imponibles negativas y plazo de comprobación
La Administración puede comprobar las BINS en los diez años siguientes al final del periodo voluntario de presentación de la autoliquidación del ejercicio en el que se generaron. Transcurrido ese plazo, para acreditar la procedencia y cuantía de las bases negativas, solo es necesario exhibir la autoliquidación del ejercicio en el que se generaron y la correspondiente contabilidad, con acreditación del depósito de las Cuenta Anuales en el Registro Mercantil.

Pues bien, la reciente sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 2019 ha entendido que dicho periodo de diez años debe operar también a favor de los contribuyentes. En este sentido, la Audiencia corrige el criterio expresado por la AEAT y el TEAC, que negaron la posibilidad de que el contribuyente instara la revisión de sus autoliquidaciones más allá del plazo de cuatro años de prescripción. Considera la Audiencia que, de manera igualitaria respecto de la Administración, el obligado tributario debe también beneficiarse del plazo de diez años, pues según dispone la propia exposición de motivos de la Ley 34/2015 -que modificó a estos efectos el artículo 66 bis de la Ley General Tributaria-, la ampliación de los plazos de comprobación también debe asegurar el derecho del obligado tributario a beneficiarse de los créditos fiscales de los diez años pasados, en lo que afecten a autoliquidaciones respecto de las cuales se encuentre abierto el citado plazo de prescripción.

La compensación de bases negativas como ejercicio de una opción por el contribuyente: problemas potenciales de compensación futura

Cabe recordar, por otra parte, el criterio del TEAC en su Resolución de 4 de abril de 2017, según el cual la compensación de BINS constituye una opción del contribuyente con arreglo al artículo 119.3 de la Ley General Tributaria, que se ejercita con la presentación en plazo de la declaración.

El TEAC desestima cierta reclamación económico-administrativa, porque cuando el art. 25 del Texto Refundido de la LIS (vigente hasta 2014) dice que “las (BINS) que hayan sido objeto de liquidación o autoliquidación podrán ser compensadas con las rentas positivas…”, ello “entra plenamente dentro del concepto de “opción” ejercitada con la presentación de una declaración” -la del Impuesto sobre Sociedades-. Y aclara:

  • Si el contribuyente hubiera autoliquidado una base imponible previa de cero o negativa, teniendo BINS, debe entenderse que no ejercitó opción alguna, y por tanto podrá optar posteriormente, sea vía rectificación de autoliquidación, declaración complementaria o a raíz de una comprobación administrativa.
  • Si el contribuyente compensa hasta el máximo compensable, habría optado implícitamente por deducir el importe máximo, por lo que, de incrementarse la base imponible previa por el contribuyente o en una comprobación administrativa, podrá aplicar el importe compensable no aprovechado en su día.
  • Si autoliquidando una base imponible previa positiva, no se compensa importe alguno o se compensa un importe inferior al límite máximo compensable, “es claro” que el contribuyente optó por no aprovechar en todo o en parte las BINS, y no podrá posteriormente, fuera ya del plazo voluntario de autoliquidación, sea por vía de rectificación de autoliquidación o en un procedimiento de comprobación, modificar la opción ya ejercitada.
  • Si el contribuyente no presenta autoliquidación en plazo, se entiende que opta por el total diferimiento de las BINS, por lo que no podrá rectificar después su opción en ningún caso. Lo contrario, se dice, haría de mejor condición al no declarante, según los criterios anteriormente expuestos.

Por tanto, esa “opción” ha de cuidarse, porque puede impedir el aumento del importe compensado, habiendo saldo disponible, cuando por ejemplo en una comprobación tributaria posterior se aumente la base imponible. Para evitar ese efecto podría presentarse un escrito asociado a la declaración del Impuesto sobre Sociedades, explicitando los parámetros bajo los que se ejerce la “opción”. Por ejemplo, indicando que “se compensa el importe máximo posible, pero con aprovechamiento de las retenciones y pagos fraccionados para dejar a cero la cuota a ingresar”.

Debe mencionarse también la Resolución del TEAC de 16 de enero de 2020, que matiza el criterio de la Resolución de 4 de abril de 2017 antes citada “para un supuesto no contemplado en ella”. Se trata de una entidad que en su autoliquidación no compensa BIN alguna, o compensa menos de la factible, y posteriormente (i) el importe de las BINS compensables aumenta por resolución de un órgano revisor económico-administrativo o contencioso, que (ii) anula una actuación improcedente de la Administración.

Deberá entonces admitirse que en declaración complementaria o en el marco de unas actuaciones de aplicación de los tributos, el contribuyente opte por compensar un importe superior al que compensó inicialmente, siendo indisponibles, en todo caso, las cantidades de bases imponibles negativas por cuya compensación sí se pronunció (optó). En definitiva, lo dispuesto en el art. 119.3 de la Ley General Tributaria debe interpretarse que es así “rebus sic stantibus”, es decir, “estando así las cosas”, o lo que es igual, mientras “las cosas” no cambien.

No obstante, la misma sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de noviembre de 2019 mencionada en el punto anterior, ha señalado que la modificación de la Ley General Tributaria llevada a cabo por la Ley 34/2015, ha esclarecido que la aplicación de las bases negativas no es una opción inmodificable según el art. 119.3 de dicho texto legal, pues la Ley citada introdujo en dicho art. 119 un nuevo apartado 4, del que deriva que sí es posible modificar la opción en cuanto a la aplicación de bases imponibles negativas, mientras no se haya iniciado un procedimiento de aplicación de los tributos. En consecuencia, habrá que esperar al criterio del Tribunal Supremo sobre esta cuestión.

 

3. EXENCIÓN EN AJD DE LAS ESCRITURAS DE FORMALIZACIÓN DE LAS MORATORIAS HIPOTECARIAS PARA EL SECTOR TURÍSTICO

El Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio (BOE de 6 de julio y en vigor el 7 de julio), de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, regula en su Capítulo II relativo a otras medidas de apoyo a la reactivación económica, una moratoria hipotecaria para inmuebles afectos a actividad turística (arts. 3 a 9 del RDL 25/2020).

Podrán ser beneficiarios los trabajadores autónomos y las personas jurídicas con domicilio social en España, siempre que experimenten dificultades financieras a consecuencia de la emergencia sanitaria. Durante la moratoria, de hasta 12 meses, se abonarían solo intereses de la deuda hipotecaria, no amortizándose el capital. Asimismo, la obligación financiera se extendería hasta un máximo de doce meses más o el importe aplazado se redistribuiría entre las cuotas restantes sin modificar la fecha pactada de vencimiento.

La carencia recaería sobre préstamos hipotecarios que tienen como garantía un bien inmueble que se encuentre afecto al desarrollo de una actividad económica del sector turístico ejercida en territorio nacional. Los beneficiarios serían hoteles y alojamientos turísticos similares (código CNAE 5510), alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (código CNAE 5520), así como agencias de viaje (código CNAE 7911).

Por otra parte, los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la novación del préstamo hipotecario que incluya la moratoria serán satisfechos en todo caso por el acreedor y se bonificarán en un 50 por ciento y en relación con el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se introduce a través de la disposición final primera del RDL 25/2020, en el Real Decreto 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, una exención en Actos Jurídicos Documentados de las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de la moratoria hipotecaria para el sector turístico, que acabamos de reseñar, introduciendo para ello en el artículo 45.I.B) del citado texto refundido el número 30.

En relación con el arrendamiento de inmuebles afectos al desarrollo de una actividad económica del sector turístico, en cuyo caso el beneficiario de la moratoria hipotecaria debe conceder al arrendatario una moratoria en el pago del arrendamiento de al menos un 70% de la cuantía de la moratoria hipotecaria, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya por acuerdo entre ambas partes. Asimismo, cuando las dificultades financieras concurran en el arrendatario, este podrá instar de su arrendador la solicitud de dicha moratoria hipotecaria (RDL 25/2020 art.7).

 

4. EL TRIBUNAL SUPREMO RECHAZA QUE LA INSPECCIÓN APLIQUE EL CRITERIO DE LA INSCRIPCIÓN CONTABLE A LOS INGRESOS (ANTICIPADOS) Y EL DEL DEVENGO A LOS GASTOS (CONTABILIZADOS CORRECTAMENTE)

El Tribunal Supremo en su Sentencia de 17 de junio de 2020, recurso núm. 3687/2017, rechaza que la Administración Tributaria impute temporalmente los gastos contabilizados según el criterio del devengo y, sin embargo, no haga lo propio con los ingresos contabilizados anticipadamente a su devengo, aplicando a éstos el criterio de caja a la hora de determinar la base imponible del IS.

La sociedad recurrente, sostiene que la regularización con arreglo al criterio del devengo debe efectuarse no sólo en relación con los gastos, sino también con los ingresos, de lo que resultaría una deuda tributaria menor. El abogado del Estado señala que el art.19.3 TR Ley IS no ofrece dudas en cuanto a su interpretación, al regular por separado los efectos en el Impuesto sobre Sociedades del registro contable de los ingresos y de los gastos en un período distinto al de su devengo, y la Sala “a quo” se aparta de forma abrupta de su tenor literal, considerando que las reglas que establece tratan de proteger los intereses financieros de la Hacienda Pública y no de beneficiarlos, pero olvidándose de lo esencial de su contenido: el principio de registro contable y sus efectos en relación con el Impuesto sobre Sociedades.

Se trata, en definitiva, de un principio esencial en la relación entre la contabilidad y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, que se define con toda claridad por el legislador, tanto en el derogado TR Ley IS, como en la vigente Ley 27/2014 (Ley IS).

El Tribunal considera que el principio del devengo supone que los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro, es decir, y esto es lo verdaderamente relevante, en función de la corriente real y no en función de la corriente monetaria o financiera.

Como «el resultado contable» es el que determina la base imponible, toda sociedad, al cierre del ejercicio, tendrá que analizar los diferentes ingresos y gastos que ha ido contabilizando a lo largo del mismo. Podrá suceder que se hayan devengado ingresos o gastos que no se hayan cobrado o pagado; pero también podrán existir ingresos o gastos que se hayan cobrado o pagado sin haberse devengado.

En este segundo caso, a la hora de determinar el resultado contable, habrá que dar de baja temporalmente aquellos conceptos que no se hayan devengado, los cuales no participarán en el cálculo del resultado contable (periodificación contable). El principio del devengo tiene, no obstante, una excepción -expresamente prevista en la Ley del Impuesto sobre Sociedades- en los casos en los que el contribuyente no impute contablemente sus ingresos y gastos en el período correcto. Específicamente, cuando «impute los gastos en un período impositivo posterior» o cuando «impute los ingresos en un período impositivo anterior».

Acierta por completo la Sala de instancia cuando rechaza esta forma de proceder que ha tenido la Inspección aplicando el criterio de la inscripción contable a los ingresos (anticipados) y el del devengo a los gastos (contabilizados correctamente). No cabe, en un supuesto como el analizado, que la Administración Tributaria impute temporalmente los gastos contabilizados según el criterio del devengo y, sin embargo, no haga lo propio con los ingresos contabilizados anticipadamente a su devengo, aplicando a éstos el criterio de caja a la hora de determinar la base imponible del IS.

 

5. EL TRIBUNAL SUPREMO ANULA EL ARTÍCULO QUE REGULA LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A HACIENDA SOBRE LA CESIÓN DE USO DE VIVIENDAS CON FINES TURÍSTICOS

Según el comunicado del Poder Judicial publicado el pasado 27 de julio, la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado y dejado sin efecto el artículo 54 ter del Reglamento General de las Actuaciones y Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria, introducido en 2017, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”, ya que su tramitación no fue comunicada a la Comisión Europea como era preceptivo, estimando el recurso de la Asociación española de la Economía Digital ADIGITAL contra el apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, por el que se introduce en el Reglamento General de las Actuaciones y Procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, un nuevo artículo 54 ter, que regula la “Obligación de informar sobre la cesión de uso de viviendas con fines turísticos”.

El Tribunal Supremo aplica al caso la sentencia del TJUE en el ‘caso Airbnb’, de 19 de diciembre de 2019, de la que se desprende que una norma como el artículo 54 ter del citado Reglamento “debía haber sido notificada bajo la Directiva 1535/2015 (procedimiento de información en reglamentaciones técnicas) y que su falta de notificación conlleva su invalidez”.

Dicho artículo 54 ter establecía que “las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español en los términos establecidos en el apartado siguiente, vendrán obligados a presentar periódicamente una declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien”. Establecía que tendrán la consideración de intermediarios todas las personas o entidades que presten el servicio de intermediación entre cedente y cesionario del uso a que se refiere el apartado anterior, ya sea a título oneroso o gratuito, en particular las personas o entidades que, constituidas como plataformas colaborativas, intermedien en la cesión de uso y tengan la consideración de prestador de servicios de la sociedad de la información.

También regulaba que los datos que debía contener la declaración informativa tales como la identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos, así como del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, si fueren distintos. También la identificación del inmueble con especificación del número de referencia catastral o en los términos de la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo de declaración correspondiente, y la identificación de las personas o entidades cesionarias, así como el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos, y además el importe percibido por el titular cedente del uso de la vivienda con fines turísticos o, en su caso, indicar su carácter gratuito.

 

6. CONSULTAS PUBLICADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS CON RELACIÓN AL COVID-19

La DGT ha publicado diversas consultas relacionadas con el Covid-19, entre las que destacamos las siguientes:

Cómputo a efectos de la residencia fiscal de los días que se han tenido que pasar obligatoriamente en España a causa del estado de alarma CV 1983/2020 de 17/06/2020

Un matrimonio de residentes fiscales en El Líbano llegó a España en enero de 2020 para un viaje de 3 meses, pero debido al estado de alarma no ha podido regresar a su país, debiendo esperar hasta junio.

Teniendo en cuenta el art. 9 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), una persona física será considerada residente fiscal en España, en un determinado período impositivo, en la medida en que concurra alguno de los siguientes criterios, es decir, sobre la base de:

– la permanencia más de 183 días, durante el año natural, en territorio español, computándose, a tal efecto, las ausencias esporádicas, salvo que se acredite la residencia fiscal en otro país. En el supuesto de países o territorios considerados como paraíso fiscal, la Administración tributaria podrá exigir que se pruebe la permanencia en éste durante 183 días en el año natural.

– que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Asimismo, la Ley IRPF establece una presunción, que admite prueba en contrario, de que el contribuyente tiene su residencia fiscal en España cuando, de conformidad con los criterios anteriores, resida habitualmente en España su cónyuge no separado legalmente y los hijos menores de edad que dependan de aquél.

Con lo cual, en este caso el criterio a aplicar sería el de permanencia durante más de 183 días dentro del territorio español. Los días transcurridos en España para el matrimonio, como consecuencia del estado de alarma, se computarían, por lo que ambos cónyuges permanecerían más de 183 días en territorio español en el año 2020, y serían considerados contribuyentes del IRPF.

Retribución en especie por la cesión del uso del vehículo por la empresa durante el estado de alarma, aunque el particular considere que está inmovilizado CV 1387/2020 de 13/05/2020

La DGT aclara que el estado de alarma no implica la inmovilización del vehículo, sino la limitación de los desplazamientos a los permitidos en dicho estado.

Y añade que teniendo en cuenta el concepto de retribución en especie del art. 42.1 Ley 35/2006 (Ley IRPF), que exige «la utilización, consumo u obtención, para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda», la imputación al contribuyente de la retribución en especie deriva de la obtención del derecho de uso del vehículo, existiendo dicha retribución en la medida en que éste tenga la facultad de disponer del vehículo para usos particulares, con independencia de que exista o no una utilización efectiva para dichos fines. Con lo cual, procede la imputación de un rendimiento de trabajo en especie por el vehículo.

Procedencia de la imputación de rentas inmobiliarias por la segunda vivienda durante el estado de alarma CV 1368/2020 de 12/05/2020

La DGT analiza el supuesto de un propietario de una vivienda en la que no reside, a efectos de la imputación de rentas inmobiliarias, y si ha de excluirse el tiempo al que se extienda el estado de alarma derivado de la epidemia de COVID-19, teniendo en cuenta la obligación de confinamiento y limitación de desplazamientos que dicho estado implica.

Con carácter general, la imputación de rentas inmobiliarias no tiene en cuenta la utilización efectiva de la segunda vivienda sino su disponibilidad a favor de su titular, sin que la Ley atienda a circunstancias que puedan afectar a dicha utilización, tales como la enfermedad, el trabajo u otras que determinen la no posibilidad de utilización de la segunda vivienda, al limitar la Ley los casos en los que no procede la imputación de rentas inmobiliarias únicamente a los siguientes: afectación del inmueble a una actividad económica, que el inmueble genere rendimientos de capital, que se encuentre en construcción y que no sea susceptible de uso por razones urbanísticas, sin que el supuesto al que se refiere la consulta corresponda a uno de ellos, por lo que no puede quedar excluido de la imputación.

Otro ejemplo de exclusión de este régimen es el caso de la consulta V1385-18, que se refiere a un inmueble vacío que es ocupado ilegalmente por terceros en contra de la voluntad del propietario, habiéndose iniciado un procedimiento de desahucio por el propietario del inmueble, concluyéndose la no imputación de rentas.

Teniendo en cuenta todo ello, ha de concluirse que procede la imputación de rentas inmobiliarias durante el estado de alarma por la vivienda de la que se es propietario si no está afecta a una actividad económica ni es generadora de rendimientos del capital

Plazo de los seis meses relativo a la exención por reinversión en rentas vitalicias suspendido durante el estado de alarma CV 1324/2020 de 08/05/2020

En la consulta planteada, el contribuyente vendió sus participaciones en una sociedad mercantil el 26 de septiembre de 2019, obteniendo con ello una ganancia patrimonial. A fin de aplicar a la ganancia patrimonial la exención por reinversión en rentas vitalicias, tenía previsto la constitución de un producto de dichas características dentro del plazo de seis meses; plazo que finalizaba durante la vigencia del estado de alarma declarado por la situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, por lo que no ha podido realizar la constitución de la renta vitalicia.

Respecto de esta situación, se ha de tener en cuenta que desde la entrada en vigor del RD 463/2020 (Declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19), hasta el 30 de abril de 2020 quedan suspendidos los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria. Además, las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en el art. 33 del RD-Ley 8/2020 (Medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19), y en las disp. adic. octava y novena del RD-Ley 11/2020 (Medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19), se entenderán realizadas al día 30 de mayo de 2020.

Por tanto, tal y como establecen los citados Reales Decretos-ley, a efectos del plazo de seis meses previsto para la reinversión en renta vitalicia, se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 30 de mayo de 2020

No estarán sujetos al IVA los autoconsumos derivados de la condonación de la renta de un local de negocios durante el estado de alarma CV 2053/2020 de 23/06/2020

En el caso analizado, una persona física es propietaria de un local comercial que tiene arrendado y que se encuentra destinado a la actividad de cafetería, y como consecuencia del estado de alarma, decide que no va a cobrarle al arrendatario la renta correspondiente a varias mensualidades.

La Dirección General de Tributos, en la consulta comentada, establece que no estarán sujetos al IVA los autoconsumos derivados de la condonación de la renta de un local de negocios cuando el arrendatario no pueda realizar actividad económica alguna en el mismo por aplicación de las disposiciones establecidas durante la vigencia del estado de alarma.

 

7. MEDIDAS FISCALES QUE SE CONTEMPLAN EN EL REAL DECRETO-LEY 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, DE MEDIDAS FINANCIERAS, DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO Y URGENTE, APLICABLES A LAS ENTIDADES PARA COMBATIR LOS EFECTOS DEL COVID-19

En el BOE de 5 de agosto de 2020, se ha publicado el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales (RDL 27/2020). Esta norma recoge el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),

que permitirá movilizar hasta 5.000 millones para los ayuntamientos con remanentes de tesorería y destinarlos a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural.

Por lo que al ámbito tributario se refiere son tres las medidas que se recogen: se prorroga hasta el 31 de octubre el tipo impositivo del 0% de IVA aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID-19; se establece un régimen fiscal específico aplicable a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020» y se declaran exentas de AJD las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación de las moratorias hipotecarias para el sector turístico y para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús.

IVA a tipo cero en la entrega de material sanitario

Como es conocido, el Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo estableció en su artículo 8 la aplicación, desde el 23 de abril y hasta el 31 de julio de 2020, del tipo impositivo del 0% del IVA a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el Anexo del citado Real Decreto-Ley, cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social del art. 20. Tres de la LIVA.

La disposición adicional cuarta del RDL 27/2020 que estamos reseñando, prorroga hasta el 31 de octubre de 2020 la aplicación del tipo impositivo del 0% de IVA a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes referidos en el Anexo del RDL 27/2020. Esta relación de bienes a los que se refiere la citada disposición adicional cuarta se ha actualizado con efectos desde el 23 de abril de 2020 aumentando el número de productos incluidos. Por tanto, los sujetos pasivos afectados podrán efectuar conforme a la normativa del impuesto, la rectificación del IVA repercutido o satisfecho con anterioridad a la entrada en vigor del RDL 27/2020.

Régimen fiscal aplicable a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020»

En la disposición adicional tercera del RDL 27/2020 se establece un régimen fiscal específico que será de aplicación a la final de la «UEFA Women’s Champions League 2020», que se celebrará en Bilbao en agosto de 2020, tanto para la entidad organizadora de la final y de los equipos participantes, como de las personas físicas que presten servicios a la entidad organizadora o a los equipos participantes. Asimismo, se establece el régimen aduanero y tributario aplicable a las mercancías que se importen para afectarlas al desarrollo y celebración de la final y también un régimen específico en el IVA.

Exención en AJD de las escrituras de formalización de las moratorias hipotecarias para el sector turístico y para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús

Por último, en la disposición final segunda del RDL 27/2020, se modifica el número 30 del artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre) para declarar exentas de actos jurídicos documentados las escrituras de formalización de las moratorias de préstamos y créditos hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, leasing y renting sin garantía hipotecaria que se produzcan en aplicación:

  • de la moratoria hipotecaria para el sector turístico (artículos 3 a 9 del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo), y
  • de la moratoria para el sector del transporte público de mercancías y discrecional de viajeros en autobús (artículos 18 al 23 del Real Decreto-ley 26/2020 de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda).

 

8. POSPOSICIÓN DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DIVERSAS MEDIDAS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO RELACIONADAS CON EL COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO

La situación de emergencia provocada por la COVID-19, y las dificultadas que esto ha originado en los países miembros para implementar diversas medidas relacionadas con el IVA, ha provocado que se aplace de manera general en 6 meses, del uno de enero de 2021, al uno de julio de 2021, la entrada en vigor de las modificaciones previstas siguientes

  • Entregas de bienes o prestaciones de servicios facilitadas por interfaces electrónicas y a los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes.
  • Normas relativas al intercambio y almacenamiento de información por parte de los Estados miembros en cuanto a los regímenes especiales aplicables a servicios tecnológicos o realicen ventas a distancia de bienes.
  • Medidas previstas para modernizar el marco jurídico del IVA para el comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores.

DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2020

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación

Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 185 de 6 de julio de 2020.

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada

Resolución de 1 de julio de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través del canal telefónico, mediante el sistema de firma no avanzada con clave de acceso en un registro previo (sistema cl@ve pin).

Ministerio de Hacienda. B.O.E. núm. 186 de 7 de julio de 2020.

Tratados internacionales. Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición

Protocolo entre el Reino de España y la República de la India hecho en Nueva Delhi el 26 de octubre de 2012, que modifica el Convenio y el Protocolo entre el Reino de España y la República de la India para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmados en Nueva Delhi el 8 de febrero de 1993.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. B.O.E. núm. 188 de 9 de julio de 2020.

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 187 de 8 de julio de 2020.

Resolución de 22 de julio de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

Cortes Generales. B.O.E. núm. 204 de 28 de julio de 2020.

Impuestos especiales

Orden HAC/626/2020, de 6 de julio, por la que se modifica la Orden HAC/1271/2020, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas derivadas.

Ministerio de Hacienda. B.O.E. núm. 188 de 9 de julio de 2020.

Medidas urgentes

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.

Resolución de 15 de julio 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

Cortes Generales. B.O.E. núm. 196 de 18 de julio de 2020.

Tributos. Gestión informatizada

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación telemática de la solicitud de inscripción de operadores en el Registro especial de operadores de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad y de la solicitud de autorización de uso de embarcación neumática y semirrígida de alta velocidad y se aprueba el documento normalizado para acreditar la representación para su presentación por vía telemática en nombre de terceros.

Ministerio de Hacienda. B.O.E. núm. 201 de 24 de julio de 2020.

Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas

Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. B.O.E. núm. 201 de 24 de julio de 2020.

Medidas urgentes

Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales.

Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 211 de 5 de agosto de 2020.

Procedimientos tributarios. Entidades colaboradoras

Orden HAC/785/2020, de 21 de julio, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Ministerio de Hacienda. B.O. E. núm. 217 e 12 de agosto e 2020.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y FORALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

  • Ayudas
    Ley 1/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, por la que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.
  • Presupuestos
    Corrección de errores de la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

B.O.E. núm. 197 de 20 de julio de 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

  • Medidas económicas y sociales
    Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la «Nueva Normalidad».

B.O.E. núm. 199 de 22 de julio de 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Medidas económicas, culturales y sociales
    Decreto-ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y social.
  • Medidas tributarias
    Decreto-ley 23/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria.
  • Medidas sociales, fiscales y administrativas
    Decreto-ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo.

B.O.E. núm. 206 de 30 de julio de 2020.

  • Código Civil de Cataluña
    Ley 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado.

B.O.E. núm. 212 de 6 de agosto de 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

  • Medidas económicas y sociales
    Corrección de errores del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la «Nueva Normalidad».

B.O.E. núm. 206 de 30 de julio de 2020.

  • Actividades económicas
    Decreto-ley 14/2020, de 22 de julio, de medidas para la activación de la demanda en la Comunidad Autónoma de Extremadura tras la crisis sanitaria.

B.O.E. núm. 220 de 15 de agosto de 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

  • Ayudas
    Ley 2/2020, de 28 de mayo, de concesión de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.
    Ley 3/2020, de 28 de mayo, de agilización en la gestión de las ayudas a tramitar por la Sociedad de Desarrollo Regional de Cantabria, S.A.
    (SODERCAN) para atender a las situaciones económicas derivadas de la pandemia causada por el COVID-19.

B.O.E. núm. 207 de 31 de julio de 2020.

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

  • Hacienda. Sector Público
    Ley 1/2020, de 24 de julio, por la que se modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con el objetivo de flexibilizar el régimen presupuestario ante situaciones excepcionales de emergencia de salud pública.

B.O.E. núm. 220 de 15 de agosto de 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

  • Tributos
    Ley 1/2020, de 9 de julio, por la que se establecen medidas excepcionales para el ejercicio 2020 en determinados tributos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón.

B.O.E. núm. 215 de 10 de agosto de 2020.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

  • Presupuestos
    Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020.

B.O.E. núm. 216 de 11 de agosto de 2020.

  • Ley 4/2020, de 3 de agosto, de modificación de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020.
  • Corrección de errores de la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2020.

B.O.E. núm. 221 de 17 de agosto de 2020.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

  • Crisis sanitaria
    Decreto-ley Foral 4/2020, de 29 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).
    Decreto-ley Foral 5/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

>B.O.E. núm. 181 de 1 de julio de 2020.

 

 

CALENDARIO FISCAL PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020

MODELO 511. IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

Relación mensual de notas de entrega de productos con el impuesto devengado a tipo reducido, expedidos por el procedimiento de ventas en ruta: 5 días hábiles siguientes a la finalización del mes al que corresponde la información.

HASTA EL DÍA 14

Estadística Comercio Intracomunitario (Intrastat)

  1. Agosto 2020. Modelos N-I, N-E, O-I, O-E.

 

HASTA EL DÍA 21 S D

Renta y Sociedades

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas

  1. Agosto 2020. Grandes empresas. Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.<

Impuesto sobre el Valor Añadido

  1. Julio y Agosto 2020. Declaración recapitulativa de ops. intracomunitarias. Modelo 349.
  2. Agosto 2020. Operaciones asimiladas a las importaciones. Modelo 380.

Impuestos Especiales de Fabricación

  1. Junio 2020(*). Grandes Empresas. Modelos 553, 554, 555, 556, 557, 558.
  2. Junio 2020. Grandes Empresas. Modelos 561, 562, 563.
  3. Agosto 2020. Modelos 548, 566, 581.
  1. Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y receptores autorizados. Modelo 510.

(*) Fábricas y depósitos fiscales que hayan optado por suministrar los asientos contables correspondientes al primer semestre de 2020 a través de la Sede electrónica de la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020)

Impuesto Especial sobre la Electricidad

  1. Agosto 2020. Grandes empresas. Modelo 560.

Impuesto sobre las Primas de Seguros

  1. Julio y Agosto 2020. Modelo 430.

Impuestos Medioambientales

  1. Segundo trimestre 2020. Pago fraccionado Modelo 583.
  2. Segundo cuatrimestre 2020. Autoliquidación. Modelo 587.

 

HASTA EL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE

Impuesto sobre el Valor Añadido

  1. Agosto 2020. Autoliquidación. Modelo 303.
  2. Agosto 2020. Grupo de entidades, modelo individual. Modelo 322.
  3. Agosto 2020. Grupo de entidades, modelo agregado. Modelo 353.

Impuesto General Indirecto Canario

* Mes de Agosto. Autoliquidación. Modelo 412.

* Mes de Agosto. Autoliquidación Suministro Inmediato de Información. Modelo 417.

* Mes de Agosto. Régimen especial del grupo de entidades. Modelo 418.

* Mes de Agosto. Régimen especial del grupo de entidades. Modelo 419.

Impuestos sobre las Labores del Tabaco (Canarias)

  • Autoliquidación correspondiente al mes de Agosto. Modelo 460.
  • Declaración de operaciones accesorias al modelo 460 correspondiente al mes de Agosto. Modelo 461.
  • Comunicación de los precios medios ponderados de venta real mes de Agosto. Modelo 468.

Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del Petróleo (Canarias)

  • Régimen general. Mes de Agosto. Modelo 430.